Una iniciativa local firmada por 29 gremios y organizaciones varias ligadas a los sectores turístico, de hotelería, esparcimiento y aviación, entre ellos aeronauticapy.com, busca el vetado unilateral del decreto de necesidad de visa para ciudadanos estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses que deseen ingresar a territorio paraguayo, cuyo costo hoy es de US$ 160 por persona.
La finalidad de este requerimiento, que fue hecho llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, radica en la premisa de impulso de la actividad comercial, turística y de consumo, que podrían generar un decantamiento positivo en la economía. Estimaciones indican que el movimiento adicional que se produciría en la balanza del país es de alrededor de 60 millones de dólares americanos al año, que implicaría una recaudación anual de 6 millones de la misma moneda para el fisco.
“Es cuestión de sentarse con Hacienda y ver que le pueda devolver esa fuente de ingreso a Cancillería y puedan recuperar eso que van a perder por el ingreso de visas”, mencionó el director de Stay Paraguay, André Gayol, quien lidera la iniciativa.
Solamente Paraguay y Venezuela, sumados a Cuba en el Caribe, son los tres países latinoamericanos que exigen un visado del pasaporte a viajeros de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en carácter de reciprocidad, es decir, por el hecho de que un paraguayo que viaje a EE.UU. deba poseer visa norteamericana que cuesta US$ 160, el Paraguay aplica la misma política a los connacionales estadounidenses en sentido contrario. Coincidentemente, las tres naciones sudamericanas son las de menor relevancia de la industria sin chimeneas en esta parte del mundo.
Argentina, Brasil y Bolivia fueron los últimos países sudamericanos que levantaron esta práctica desalentadora y nociva para el sector aerocomercial y turístico disfrazada bajo la figura de paridad cuando en realidad su finalidad es recaudadora sin analizar los efectos colaterales que representan para los intereses del país.
“Con esta modificación se podría brindar un incremento notable de consumidores a la economía paraguaya de servicios, el posicionamiento de Paraguay a nivel mundial como un destino turístico, y el desarrollo de la infraestructura nacional para atender las demandas del turismo”, valoró Gayol.
Las estadísticas de la OMT evidencian que un turista estadounidense gasta en promedio US$ 1.400 por estadía, y con la medida propuesta, podrían llegar al menos 40.000 norteamericanos más. En la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, en 2019 se registró el ingreso de 60.000 turistas al Parque Nacional Iguazú, de los cuales, menos del 2% cruzó el Punte de la Amistad, número que podría elevarse significativamente presinciendo de la obligatoriedad del visado.
“Es insostenible porque Paraguay no es un ícono mundial de turismo, nosotros no podemos darnos el lujo de cobrar visa”, es el mensaje del pedido.
Un importante avance en este sentido es que, desde la Embajada de Estados Unidos en nuestro país manifestaron que en caso de que Paraguay elimine el requisito de visa para su país, adoptarán la misma medida para estudiantes paraguayos que deseen estudiar en el país norteamericano.
La necesidad de visa para los ciudadanos norteamericanos es un desaliento, como lo habíamos explicado tiempo atrás en este análisis. Anteriormente, un estadounidense debía ir hasta un consulado paraguayo en los Estados Unidos para solicitar una visa paraguaya; esto fue parcialmente subsanado cuando en 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso que en los aeropuertos internacionales paraguayos se gestione la visa de arribo, por lo que pasajeros estadounidenses y de algunas otras nacionalidades podían (pueden hacerlo hasta ahora), gestionar su visa paraguaya al llegar al Paraguay, pero con un costo de US$ 160. Una familia yankee típica compuesta por padre, madre y dos hijos, debe pagar unos US$ 640 solo por pisar este país. ¿Queremos atraer turismo norteamericano o espantarlo?
Desde este medio, junto con otros entes, instamos al MRE a abolir este decreto vigente que no se ajusta a las demandas de un país que busca abrirse al mundo.
