El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó una ley sobre medidas de apoyo a la aviación civil que permite registrar los derechos de las aeronaves extranjeras incorporadas a través de contratos de leasing por empresas rusas, así como expedirles certificados de aeronavegabilidad nacionales.
La medida implica la confiscación de activos de empresas occidentales por un valor cercano a los 10.000 millones de dólares, según los lessors y diversos analistas. A partir del conflicto con Ucrania, la carrera por recuperar los aviones entre las empresas que los proveyeron en leasing y los operadores rusos fue frenética, culminando en esta medida ejecutiva.
Las modificaciones introducidas en el Código Aéreo de la Federación Rusa y una serie de actos legislativos les permitirán a las compañías aéreas rusas conservar la flota de aviones extranjeros y posibilitan la explotación de aviones en rutas domésticas.
La certificación de las aeronaves civiles se llevará a cabo con la participación de centros de certificación y laboratorios de pruebas, cuyos requisitos serán determinados por el Ministerio de Transporte ruso.
La ley tiene por objeto «preservar la flota de aeronaves extranjeras de los operadores de la Federación Rusa para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las actividades en el ámbito de la aviación civil», en el marco de la adopción de medidas que permitan mitigar las sanciones occidentales.
El documento también prevé el aplazamiento del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023 de los plazos de certificación de los medios técnicos para garantizar la seguridad del transporte, lo que «permitirá a las entidades de infraestructuras de transporte reasignar los recursos financieros necesarios para el procedimiento de certificación».
A partir de la sanción de la ley, la agencia TASS indicó que la aerolínea Utair transfirió 50 aviones al registro ruso, mientras que los aviones de su flota cuyos certificados de aeronavegabilidad fueron suspendidos por Bermudas se mantienen en estatus «condicional».
